PEGASUS

CASOS

EVIDENCIA

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto ─y en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso─ revelan tres nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México.

Estos ataques tienen algo en común: todos fueron espiados con el malware Pegasus en este sexenio, mientras hacían labores relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas

Esta investigación ha recabado evidencia que demuestra que, contrario a las promesas del actual presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) adquirió durante este gobierno un sistema de monitoreo remoto de información a la empresa con representación exclusiva para vender Pegasus en México. Las evidencias también prueban que la SEDENA ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de dicho contrato.

Los hallazgos de esta investigación demuestran que el gobierno federal ha incumplido su compromiso de terminar con el espionaje ilegal en México, además de refutar las tesis sobre las que se ha basado la administración actual para profundizar la militarización en el país.

Publicamos este trabajo colaborativo con la esperanza de que contribuya a desmontar ─de una vez por todas─ la arbitrariedad de los aparatos de inteligencia que operan sin rendición de cuentas, propiciando violaciones a derechos humanos y negando a la sociedad el acceso a la verdad y la justicia.

CASO #1 //

Raymundo Ramos Vázquez en una persona defensora que ha documentado por más de 20 años violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas en el estado de Tamaulipas. Raymundo fue espiado con Pegasus en agosto y septiembre de 2020, tras haber denunciado el asesinato de tres civiles en una persecución por parte de militares en Nuevo Laredo y unos días antes del aniversario de las ejecuciones extrajudiciales de ocho personas cometidas por el Ejército.

 

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CASO #2 //

Ricardo Raphael es un periodista, analista político, investigador y escritor. Fue espiado con Pegasus en 2016, durante el sexenio de Peña Nieto, y nuevamente en 2019 y 2020. Ricardo fue atacado en octubre de 2019, mientras presentaba su libro HIjo de la guerra, que relata la historia del grupo criminal Los Zetas. En diciembre de 2020, el periodista fue espiado tras retomar temas vinculados con el Ejército. El espionaje a Ricardo, además, ha sido utilizado con fines políticos.

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CASO #3 //

Un periodista de Animal Político, cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad, fue espiado con Pegasus el mismo día que el medio publicó una nota relacionada con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, y alrededor de las fechas en que se reunión con fuentes vinculadas con los hechos. El espionaje al periodista de Animal Político no solo pone en riesgo a la persona atacada, sino a la redacción entera del medio. Al momento del ataque, el periodista se encontraba en al menos 25 chats que involucraban a colegas y personal del medio.

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EVIDENCIAS

1. NSO Group únicamente vende a gobiernos //

2. Las Fuerzas Armadas cuentan con un sistema para “labores de inteligencia” //

3. El gobierno actual ─incluyendo al Ejército─ ha seguido comprando a proveedores de Pegasus //

4. Comercializadora Antsua fue autorizada por NSO Group para vender Pegasus a la SEDENA //

5. La SEDENA adquirió un “servicio de monitoreo remoto” a Comercializadora Antsua en 2019 //

6. NSO Group ha comercializado Pegasus bajo otros nombres //

7. El gobierno federal ha ocultado sus vínculos con Comercializadora Antsua //

8. La SEDENA ha espiado ilegalmente en el pasado //

9. Existe una relación entre la labor de las personas espiadas con Pegasus y violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas //

En 2017 también revelamos en el informe Gobierno Espía el uso ilegal de Pegasus en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República continúa investigando el uso ilegal del malware por parte de instancias de gobierno, así como a través de empresas particulares a solicitud de autoridades.