En noviembre de 2021, Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibió una notificación en su teléfono. «Apple cree que estás siendo objetivo de atacantes patrocinados por el Estado que están intentando comprometer remotamente el iPhone asociado a tu Apple ID», leyó en la pantalla.

Durante el último año, Raymundo había estado acompañando a los familiares de tres jóvenes ejecutados extrajudicialmente por el Ejército en julio de 2020. El caso se volvió mediático cuando el periódico El Universal publicó el vídeo de la cámara corporal de un soldado que participó en el tiroteo. Incluso el Presidente ordenó a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, que se investigara el caso.

Extrañado por el mensaje de Apple, Raymundo solicitó apoyo técnico para descifrar su significado. Un análisis forense del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que su teléfono había sido infectado con el malware Pegasus en fechas en las que había tenido actividades relacionadas con el caso de los jóvenes ejecutados en Nuevo Laredo.

Meses después, gracias a la filtración de correos internos de la SEDENA, el activista se enteraría que sus conversaciones privadas habían sido vigiladas y reportadas al propio General Secretario.

El teléfono de Raymundo no fue el único atacado. Al menos otras cuatro personas de la sociedad civil ─el analista político Ricardo Raphael, un periodista del medio Animal Político y dos personas defensoras del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez─ fueron objetivo de infecciones con Pegasus durante este sexenio. Todos, con un rasgo en común: habían sido vigilados mientras hacían labores relacionadas con abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas.

Desde octubre de 2022, la investigación Ejército Espía ha documentado los casos de espionaje ilegal con Pegasus en esta administración, pero además, ha logrado comprobar que la SEDENA suscribió contratos con Comercializadora Antsua ─empresa con los derechos exclusivos para ofrecer el malware Pegasus a la dependencia─ por un Servicio de Monitoreo Remoto de Información, cuyo usuario final es una agencia (hasta entonces) secreta: el Centro Militar de Inteligencia (C.M.I).

Esta historia narra los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional, en complicidad con el gobierno federal, para ocultar y negar la existencia del C.M.I., un organismo militar que, sin facultades legales para intervenir comunicaciones privadas, ha ejercido vigilancia ilegal a lo largo de varios sexenios, como ocurrió en los hechos relacionados con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El encubrimiento del aparato de espionaje militar también ha llevado a la SEDENA a mentir y ocultar los contratos de la dependencia con Comercializadora Antsua en este gobierno, así como de otros proveedores conocidos de Pegasus en sexenios anteriores.

Esta opacidad no solo ha llevado al desacato de decisiones inatacables del INAI, sino incluso a la negativa de compartir estos documentos en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República.

Una cosa queda clara: el poder militar está fuera de control.

Los intentos de la Sedena por obstaculizar el acceso a la información relacionada con Pegasus son de larga data. El 2 de octubre de 2022, la investigación Ejército Espía develó la existencia de los contratos suscritos con Comercializadora Antsua, empresa con los derechos exclusivos para ofrecer el malware a la dependencia.

Días después de la revelación, el 5 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema en su conferencia matutina (02:05:51) ante el cuestionamiento de la prensa.

REPORTERA PROCESO: “… si existe este contrato, ¿por qué no se dio a conocer mediante solicitudes de Transparencia que se hicieron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues que se dé a conocer.

REPORTERA PROCESO: ¿Y por qué no está en las plataformas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no debe haber absolutamente nada oculto, o sea, nada malo, pero que se entregue, que se entregue todo.”

A pesar de la promesa del Presidente, la SEDENA negó contar con dicha información en respuestas a solicitudes de acceso a la información. Sin embargo, en otra solicitud realizada por R3D, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remitió documentación donde la propia SEDENA reconocía la existencia del contrato, así como los montos y fechas de pago.

Ante esta evidencia en enero de 2023 el INAI resolvió, en el recurso de revisión RRA 20263/22, que la SEDENA incumplió sus obligaciones de transparencia y le ordenó repetir la búsqueda y entregar los documentos.

En febrero de 2023, la dependencia indicó que localizó los documentos, pero determinó reservar la información por cinco años por supuestas afectaciones a la seguridad nacional. Sin embargo, el INAI consideró incumplida la resolución y reiteró la orden de entregar la información.

A la fecha, la resolución RRA 20263/22 se considera incumplida por parte del INAI e incluso el Instituto presentó una denuncia por incumplimiento ante el Órgano de Control Interno de la SEDENA, sin que exista aún respuesta alguna sobre el resultado de dicho proceso.

Mientras tanto, los casos de abusos con Pegasus seguían apareciendo. En abril de 2023, tras la denuncia de espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos del Centro PRODH, el Presidente informó su decisión de no hacer públicos los contratos (02:31:23).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: “…acerca de la inteligencia, que no espionaje, pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional, ya tomé esa decisión.

PREGUNTA: ¿No se van a transparentar los contratos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa…”

En una nueva solicitud de acceso a la información, el 3 de julio de 2023, R3D solicitó los contratos DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018, suscritos entre la SEDENA y Comercializadora Antsua. La respuesta de la Secretaría fue nuevamente reservar la información por supuestas afectaciones a la seguridad nacional. Dicho acto fue impugnado mediante un recurso de revisión (RRA 11561/23) ante el INAI.

El 6 de diciembre de 2023, el Instituto decidió revocar la respuesta de la SEDENA y ordenó la entrega de la versión pública de toda la información relacionada, incluyendo solicitudes de contratación, opinión técnica, contratos, anexos técnicos, dictámenes, facturas, comprobantes de pago, entre otros.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ─única facultada para impugnar una resolución del INAI por considerar que pone en peligro la seguridad nacional─ no interpuso ningún recurso, por lo que la decisión es definitiva. No obstante, la SEDENA de nuevo se niega a cumplir el mandato del Instituto, incurriendo en desacato de una decisión inatacable.

La SEDENA no solo ha buscado obstaculizar el acceso a los contratos suscritos con Comercializadora Antsua en este sexenio, sino también las contrataciones realizadas por las Fuerzas Armadas en gobiernos pasados.

Desde 2019, R3D ha realizado diversas solicitudes de acceso a la información a la SEDENA para obtener los contratos suscritos con Proyectos y Diseños V.M.E. y Air Cap S.A. de C.V, dos empresas cuyo involucramiento en la red de proveedores de Pegasus está plenamente comprobada.

Sobre Proyectos y Diseños V.M.E., el medio Aristegui Noticias dio a conocer una factura emitida a su nombre en 2016 para la adquisición de un “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” por parte de la SEDENA.

Además, en su portal de datos abiertos, la propia Secretaría informó sobre dicha contratación, celebrada el 14 de marzo de 2016 por 11 millones 136 mil pesos, con número de contrato 4500022015.

En respuestas a solicitudes de acceso a la información realizadas por R3D, la SEDENA admitió haber suscrito 17 contratos con Proyectos y Diseños V.M.E entre 2016 y 2017, pero omitió el contrato 4500022015 relativo al «Servicio de Monitoreo Remoto de Información».

Además, derivado de la resolución de un recurso de revisión en 2023, R3D obtuvo un documento que revela que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también requirió a la SEDENA todos los contratos celebrados con Proyectos y Diseños V.M.E. en el año 2016.

En su respuesta a Hacienda, la SEDENA informó esta vez sobre 18 contratos, en los que omitió nuevamente informar sobre el contrato de adquisición del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” en 2016, por lo que también le estaría ocultando información a la dependencia.

R3D ha solicitado a la Secretaría de Hacienda los contratos de SEDENA con Proyectos y Diseños V.M.E. que tiene en su posesión. Hacienda se niega a entregar la información, por lo que su respuesta se encuentra impugnada en un recurso de revisión ante el INAI y pendiente de resolución.

Sobre Air Cap S.A. de C.V., la suerte ha sido similar. R3D solicitó información sobre el contrato DN-10-SAITE-855/P/2017, del cual SEDENA negó su existencia. Sin embargo, en la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, el Director Jurídico de Operaciones del Corporativo KBH ─empresa que encabeza la red de proveedores de Pegasus─ aportó documentación que guarda “relación con el sistema Pegasus que la empresa en la cual (…) laboraba vendía”.

Uno de estos documentos es un acuse de recibo de una factura, del 1 al 30 de septiembre de 2017, relacionada con el contrato número 4500026023 folio SAITE 855/P/2017. La carta incluye la firma de recibido del Subteniente de Transmisiones Noé Obed Cruz Mar.

La SEDENA no solo ha ocultado los contratos en solicitudes de acceso a la información o ante otras dependencias. En múltiples ocasiones, ha negado información a la FGR (y antes, a la PGR) acerca de las contrataciones con Proyectos y Diseños V.M.E., Air Cap o Comercializadora Antsua.

En los requerimientos de la entonces PGR para la investigación sobre los abusos con Pegasus denunciados en 2017, la SEDENA no reconoció ningún contrato con Comercializadora Antsua o Air Cap y omitió reportar varios contratos con Proyectos y Diseños V.M.E., incluyendo el del Sistema de Monitoreo Remoto de Información de 2016.

Igualmente, en la carpeta de investigación de las denuncias de 2022, la FGR requirió a la SEDENA sobre los contratos con Comercializadora Antsua, a lo que la dependencia respondió que “no se encontró evidencia documental sobre algún instrumento contractual con la empresa”.

Detrás de la negativa de la SEDENA para transparentar los contratos, se encuentra el encubrimiento de la existencia del Centro Militar de Inteligencia, una agencia militar secreta que ha intervenido ilegalmente las comunicaciones privadas de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en este sexenio.

De acuerdo con una investigación periodística de Proceso, el Centro Militar de Inteligencia fue creado al final del sexenio del presidente Felipe Calderón, entre 2010 y 2012, y se mantuvo operativo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la administración actual, el C.M.I. generó 894 productos de inteligencia entre 2019 y 2021, según el reportaje, a pesar de que las agencias de inteligencia militar no tienen facultades legales para intervenir comunicaciones privadas.

El Centro Militar de Inteligencia es, además, el operador final del Servicio de Monitoreo Remoto de Información, y fue responsable de elaborar la tarjeta informativa secreta que daba cuenta de las conversaciones privadas del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con periodistas, en fechas en que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que su teléfono había sido infectado con Pegasus.

La SEDENA ha seguido una estrategia para ocultar las actividades ilegales del Centro Militar de Inteligencia, entregando información contradictoria sobre su operación.

En agosto de 2022, la Presidencia de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa (COVAJ) presentó su primer informe, donde refirió documentos sobre intervenciones de comunicaciones de la SEDENA, con las siglas C.M.I. en la parte superior derecha.

Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) preguntó a la SEDENA sobre el significado de las siglas C.M.I. que aparecían en los documentos de inteligencia.

La Secretaría respondió que las siglas correspondían a la frase “contenido mediático de información”.

En esta demanda de amparo, los familiares nombraron al Centro Militar de Inteligencia como una de las autoridades responsables. Dentro del juicio, la SEDENA negó la existencia actual del C.M.I., pero reconoció que sí existió al decir que “fue creado como un organismo circunstancial, pero a la fecha ha cesado sus funciones”.

Además, al pretender dar cumplimiento a una resolución del INAI que le ordena entregar información sobre el C.M.I., la SEDENA volvió a negar su existencia, alegando que “no existe ni existió un área, departamento u oficina denominada ‘Centro Militar de Inteligencia’ o con denominación análoga”.

A pesar de los intentos de encubrimiento, la evidencia sobre la existencia del Centro Militar de Inteligencia se sigue acumulando. Decenas de documentos filtrados por el colectivo Guacamaya hacen mención del C.M.I., incluyendo su misión y objetivos. Pero quizá uno de los indicios más contundente lo hizo público la propia SEDENA.

La página 117 del Segundo Informe de Labores de la SEDENA, públicamente disponible en la web, menciona una visita peculiar. En el apartado “Relaciones Internacionales con Fuerzas Armadas de otras naciones”, el Ejército reporta una Reunión de Alto Nivel, sostenida el 24 de septiembre de 2019.

La sede: el Centro Militar de Inteligencia.

Como señala el documento, a dicha reunión acudieron el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el Almirante Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda; el Comandante del Comando Norte de E.U.A., Terrence O’Shaughnessy; y el Comandante del Comando Sur, Craig S. Faller.

Esta información se encuentra corroborada también por documentos filtrados de la SEDENA, en particular, una presentación de la agenda de la Reunión de Alto NIvel, la cual brinda detalles de las personas asistentes, la logística y los recorridos de los participantes.

Una de estas diapositivas muestra la secuencia de eventos en la visita al Centro Militar de Inteligencia, en la que se observa una fotografía del edificio donde se encuentra alojado, así como la ubicación tanto de la Sala de Operaciones del C.M.I. como de la Sala de Operaciones del C.O.C. (Centro de Operaciones del Ciberespacio), ubicado de forma contigua.

Una búsqueda en Google Maps confirma que el edificio del C.M.I. existe y se encuentra ubicado dentro del Campo Militar No. 1 A.

A lo largo de este recuento, es posible constatar cómo la Secretaría de la Defensa Nacional ha emprendido una estrategia para encubrir un aparato de inteligencia militar ilegal que ha operado en gobiernos anteriores y al amparo de la administración actual.

La negativa de entregar los contratos de la SEDENA con diversos proveedores de Pegasus, incluyendo el desacato a las resoluciones inatacables del INAI y la obstrucción de investigaciones de la FGR, ponen de manifiesto el pacto de impunidad que impera con las Fuerzas Armadas.