Este hallazgo coincide con un mensaje enviado por la compañía Apple al teléfono de Raymundo Ramos en donde le informa que sospecha que su teléfono ha sido atacado por “atacantes patrocinados por el Estado”.

Ahora hacemos público un nuevo documento, filtrado por el colectivo Guacamaya, que demuestra contundentemente que el Ejército espió a Raymundo Ramos con el conocimiento del Alto Mando.

Una tarjeta informativa secreta, elaborada por la inteligencia militar el 2 de septiembre de 2020 bajo el nombre “Actividades Raymundo Ramos”, da cuenta de las conversaciones que sostuvo Raymundo Ramos con periodistas de El Universal, Televisa y El País, entre el 16 de agosto y el 26 de agosto; es decir, exactamente durante las fechas en que el análisis forense de Citizen Lab concluyó que el teléfono de Raymundo Ramos estaba infectado con Pegasus

El equipo de la investigación Ejército Espía ha podido corroborar la existencia de estas comunicaciones en diferentes plataformas de mensajería cifrada. La única forma en que el Ejército pudo haber interceptado estas conversaciones es mediante una herramienta como Pegasus.

La tarjeta informativa pretende vincular a Raymundo Ramos con el Cártel del Noreste, sin ofrecer evidencia alguna y con la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020.

Otra revelación notable de la tarjeta es que se recomienda al Secretario de la Defensa que proporcione la información a la Policía Ministerial Militar de manera confidencial para las indagatorias del caso, pero sin que se añada a la carpeta de investigación.

Estas irregularidades muestran que el objetivo del espionaje a Raymundo Ramos y los periodistas con los que se comunicaba fue interferir ilegalmente en las investigaciones acerca de los abusos militares de Nuevo Laredo del 3 de julio de 2020.

Detrás del espionaje a Raymundo Ramos se revela, por primera vez, la estructura militar secreta e ilegal que opera el malware Pegasus en México.

La tarjeta informativa indica que fue elaborada por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. En la parte superior del documento aparecen las siglas C.M.I., que significan Centro Militar de Inteligencia.

El Centro Militar de Inteligencia es una dependencia que opera fuera del escrutinio público. Gracias a una serie de documentos internos de la SEDENA, filtrados por el colectivo Guacamaya, es posible saber más sobre sus objetivos y actividades.

Un documento interno del C.M.I. revela, por ejemplo, que su objetivo es “aportar productos de inteligencia que se generen de la información obtenida en medios cerrados”, en decir, a través de la intervención de comunicaciones privadas. Las Fuerzas Armadas no tienen facultades legales para llevar a cabo dichas tareas.

El espionaje que lleva a cabo el Centro Militar de Inteligencia es absolutamente ilegal pues el Ejército carece de facultades legales para intervenir comunicaciones privadas de civiles.

Aún si las Fuerzas Armadas tuvieran dichas facultades, la Constitución requiere que cualquier intervención de comunicaciones privadas cuente con una autorización judicial federal previa, algo que según la propia Secretaría de la Defensa Nacional publicada trimestralmente en la Plataforma Nacional de Transparencia no ha sucedido en ninguna ocasión entre los años 2019 y 2022.

Así mismo, el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que no existe registro de ninguna autorización judicial para intervenir las comunicaciones privadas de Ramos.

El Centro Militar de Inteligencia está plenamente consciente de que su actividad es ilegal. Un análisis FODA interno revela que el C.M.I. percibe como una de sus principales amenazas “que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro”

Un elemento adicional que vincula al Centro Militar de Inteligencia con la operación de Pegasus es la existencia de documentos en los que se refiere al C.M.I. como el usuario final del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” que la SEDENA adquirió a través de Comercializadora Antsua, la empresa distribuidora exclusiva de Pegasus.

En un documento interno del 18 de enero de 2020 donde se reconoce la existencia del contrato, se menciona como anexo el “Oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 19 Jul. 2019, en original, emitido por el usuario final”. Líneas abajo, el documento indica que fue enviado con copia para (c.c.p.) “el C. Cor. I.C.E. D.E.M., Dir. C.M.I del E.D.M.N., para su conocimiento, en relación a su Oficio 1910-4950”. Es decir, fue enviado al propio Director del Centro Militar de Inteligencia por ser el usuario final del servicio.

El “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” es el mismo objeto contractual que la SEDENA utilizó en contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto para adquirir licencias del malware Pegasus a través de la empresa Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V.

Se encuentra plenamente documentado que la empresa Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V. fue utilizada por NSO Group para comercializar licencias de Pegasus ante la PGR y el CISEN durante el gobierno de Peña Nieto. Tanto Proyectos y Diseños VME como Comercializadora Antsua forman parte de la misma red de empresas del corporativo KBH, algo que el actual gobierno ha reconocido.

Inclusive, quién fungió como comisario en Proyectos y Diseños VME, Marco Antonio Suárez Cedillo, también fungió como representante legal de Comercializadora Antsua.

De toda la información contractual, financiera y forense disponible, esta investigación puede afirmar concluyentemente que el Centro Militar de Inteligencia opera ilegalmente el malware Pegasus en México.

La tarjeta informativa también brinda pistas para identificar a los funcionarios militares que sabían y participaron del espionaje ilegal a Raymundo Ramos.

De acuerdo con lo que establece el Manual de Documentación Militar, en la parte en la parte final del documento se incluyen, en órden jerárquico, las iniciales de las personas que participaron en la elaboración y revisión del documento.

De la revisión de diversos documentos filtrados por el Colectivo Guacamaya esta investigación puede concluir que las siguientes personas participaron en la elaboración y revisión de la tarjeta informativa que da cuenta del espionaje ilegal a Raymundo Ramos:

El C.M.I. forma parte de la Subjefatura de Inteligencia, que dependía del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El Estado Mayor era el órgano técnico operativo, colaborador inmediato del Alto Mando, es decir, del propio Secretario de la Defensa Nacional.

La tarjeta informativa, elaborada el 2 de septiembre, fue realizada para el conocimiento de “la Superioridad”, es decir, para el Secretario de la Defensa Nacional. Esto indica que el más Alto Mando del Ejército, Luis Crescencio Sandoval, estuvo al tanto del espionaje militar al defensor Raymundo Ramos. Además, los metadatos de la tarjeta informativa que da cuenta del espionaje ilegal a Raymundo Ramos indican que la misma fue producida el 2 de septiembre a las 18:55 horas.

Un documento de agenda, filtrado por el colectivo Guacamaya, revela que el mismo 2 de septiembre de 2020, a las 20:00 horas, el general Secretario se reunió en su despacho con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Subjefe de Inteligencia, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA y el Comandante de la Policía Ministerial Militar, entre otros altos mandos para tratar el tema: “Nuevo Laredo Tamaulipas”.

La tarjeta informativa pudo ser accedida gracias a que el Subjefe de Inteligencia se envió a sí mismo por correo electrónico el documento sin cifrar el mismo 2 de septiembre de 2020 a las 20:47 horas. Dicho correo forma parte del acervo compartido por el colectivo Guacamaya a las organizaciones y medios que llevamos a cabo esta investigación.

A la fecha, no existe evidencia de que ningún militar haya sido sancionado por los hechos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2020.

La nueva evidencia presentada en esta investigación demuestra que la SEDENA utilizó una estructura militar secreta de espionaje ilegal, con pleno conocimiento del Alto Mando, para obstaculizar el esclarecimiento de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército.

A pesar de todas las pruebas, el Ejército sigue negándose a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre el espionaje con Pegasus.

Incluso, ante la orden del INAI para entregar toda la documentación relacionada a los contratos con la empresa proveedora de Pegasus, la SEDENA respondió reservando toda la información.