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En respuesta al comunicado publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las afirmaciones del gobierno federal en la conferencia de prensa del día de hoy, 5 de octubre de 2022, relacionados a la investigación “Ejército Espía”, las organizaciones que participamos en dicha investigación manifestamos lo siguiente:
Se hace notar que la SEDENA no desvirtúa de forma alguna lo publicado en la investigación “Ejército Espía”. De manera destacada, no refuta dos hechos comprobados con diversos documentos cuya autenticidad no ha sido puesta en duda:
- La existencia del contrato entre SEDENA y Comercializadora Antsua S.A. de C.V. DN-10 SAIT-1075/P/2019 celebrado en abril de 2019 para la prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, como lo revela el Oficio SGE-3335 dirigido al Secretario de la Defensa Nacional.
- El ocultamiento de la existencia de esa contratación en al menos tres momentos distintos:
- Al responder la solicitud de acceso a la información 0000700340519 realizada por R3D en diciembre de 2019.
- Al responder al requerimiento realizado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la Solicitud de Información AECF/1095/2021, como lo demuestra un correo electrónico publicado a partir de la filtración masiva de correos de la SEDENA en agosto de 2021.
- Al responder al requerimiento de la Fiscalía General de la República relacionado a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, como lo demuestra el oficio R.J.-I-12377/6 de mayo de 2022.
Tampoco se desvirtúa la infección a través del malware Pegasus en contra de Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab. De hecho, además del reconocimiento mundial a dicho laboratorio de la Universidad de Toronto, la propia FGR ha reconocido su expertise en la única judicialización llevada a cabo contra un presunto operador del software espía.
Además, al admitir la SEDENA que adquirió el software Pegasus para usarlo de 2011 a 2013, se contradicen los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ejército después de 2013.
Adicionalmente se hace notar que la dependencia clasifica las intervenciones de comunicaciones privadas con el malware Pegasus como “acciones de inteligencia”. En este sentido, se manifiesta categóricamente que la SEDENA no tenía en 2011 ─ni tiene en la actualidad─ facultades constitucionales ni legales para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas. Ni la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ni el artículo Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional le otorgan dichas facultades. Más aún, el artículo Segundo del Decreto por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública no incluye facultades para la intervención de comunicaciones privadas.
Asimismo, la SEDENA afirmó no haber solicitado autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, en respuesta a solicitudes de acceso a la información y en los reportes que cualquier autoridad que lleve a cabo la intervención de comunicaciones privadas debe publicar trimestralmente en la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con el artículo 70, fracción XLVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que aún si tuviera facultades legales, cualquier intervención de comunicaciones que la SEDENA haya llevado a cabo es ilegal.
Por último, reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas de espionaje. El gobierno, lejos de remediar su situación mediante procesos de justicia y verdad, se ha dedicado a estigmatizarlas, como hizo hoy con Animal Político.
En atención a la información difundida, exigimos al gobierno federal y a la SEDENA:
- Publicar en su totalidad el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019, incluyendo sus anexos técnicos y cualquier información relacionada a su contratación y a la prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
- Responder si los documentos que demuestran la contratación con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. y el ocultamiento de la misma ante la ASF, la FGR y R3D son falsos o auténticos.
- Clarificar si las “acciones de inteligencia” incluyen la intervención de comunicaciones privadas.
- En su caso, publicar versión pública de cualquier autorización judicial federal otorgada a la SEDENA para la intervención de comunicaciones privadas.
- Solicitar pública y formalmente a la empresa NSO Group y al Ministerio de Defensa de Israel que revelen su lista de clientes en México y las licencias de exportación aprobadas, respectivamente.
- Mostrar evidencia que desvirtúe el análisis forense elaborado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto que ha concluído que los dispositivos de al menos tres periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Mientras estas solicitudes no sean satisfechas en su totalidad, ni el gobierno ni la SEDENA pueden afirmar que han aclarado o desvirtuado de forma alguna los hallazgos de nuestra investigación. Por el contrario, con su silencio estarán confirmando que existe un Ejército Espía y un gobierno que lo encubre.
